En ese sentido, el proyecto impulsado por el gobernador Ricardo Quintela sostiene que la tierra no constituye únicamente un bien económico sujeto a las reglas del mercado, sino un componente esencial del Estado, estrechamente vinculado al ejercicio de la soberanía, la preservación ambiental, la seguridad alimentaria y el control de los recursos naturales. Asimismo, advierte sobre los riesgos que implica la concentración de grandes extensiones de tierra en manos extranjeras, especialmente cuando se trata de zonas estratégicas, fuentes de agua o áreas de alto valor ecológico.