El tribunal fijó el 15 de septiembre de 2026 como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura. También dispuso medidas para localizar e inventariar los bienes de la firma y ordenó solicitar información a distintos organismos públicos, entidades financieras y registros oficiales con el objetivo de reconstruir la situación patrimonial de la empresa.
Asimismo, la Justicia prohibió realizar pagos o entregar bienes directamente a Curtume CBR S.A., indicando que cualquier operación deberá canalizarse exclusivamente a través del síndico designado. También ordenó la publicación de edictos en los boletines oficiales de la Provincia y de la Nación para dar publicidad al estado de quiebra.
La resolución establece además la inhibición general de bienes de la empresa y dispone que toda la información bancaria, registral, tributaria y societaria obtenida durante el proceso quede a disposición de la sindicatura para determinar el activo, el pasivo y las eventuales responsabilidades derivadas de la administración de la firma.