“Es llamativo (o no) que se judicialicen declaraciones de un gobernador que alza la voz contra medidas que atentan contra la democracia, la institucionalidad y el federalismo”, escribió el funcionario.
El secretario también fue más allá y consideró “escandaloso” que se persiga a un gobernador por sus dichos públicos en el marco de un debate político. Para el entorno provincial, el trasfondo es claro: sostienen que se intenta disciplinar a quienes critican el rumbo económico nacional.
Del otro lado, sectores vinculados al Gobierno nacional insisten en que ningún funcionario está por encima de la ley y que la responsabilidad institucional también alcanza a las expresiones públicas.
El cruce vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa la política argentina desde hace años: ¿dónde termina la libertad de expresión y dónde empieza la responsabilidad judicial? Mientras tanto, la relación entre Nación y Provincia sigue en máxima tensión.