El proyecto se desarrolla en el marco de leyes nacionales y provinciales vigentes, y apunta a fortalecer el trabajo que el Estado ya viene realizando. En este sentido, el protocolo establecerá con claridad las responsabilidades de cada organismo ante una situación de conflicto dentro de una institución escolar, incluyendo instancias de intervención, investigación y posibles sanciones.
La propuesta articula el trabajo de distintas áreas del Estado, entre ellas los ministerios de Educación; Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; Salud; y Desarrollo Social. También participan el Poder Judicial, a través del Tribunal Superior de Justicia y los juzgados de Familia, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores, y el Poder Legislativo, que brindará el marco reglamentario necesario para su implementación.
Uno de los principales objetivos es llevar tranquilidad a la comunidad educativa, asegurando que cada situación será abordada con responsabilidad y rapidez. Además, se prevé fortalecer los canales de comunicación entre instituciones, promover la intervención preventiva en las escuelas y brindar acompañamiento integral a estudiantes, priorizando su bienestar.
Desde el Gobierno también hicieron hincapié en la importancia de evitar la difusión de información no verificada que pueda generar alarma social, e instaron a la comunidad a utilizar los canales oficiales para reportar cualquier situación.
De esta manera, la Provincia reafirma su compromiso de construir entornos escolares más seguros, fomentando la convivencia, el cuidado y la contención de niñas, niños y adolescentes.