El Gobierno de Javier Milei acelera la privatización de las ocho empresas públicas incluidas en la Ley Bases. Es un punto clave en la hoja de ruta para reducir el gasto y generar ingresos que serán destinados al pago de deuda. En ese marco, el Poder Ejecutivo prevé publicar en marzo los pliegos para vender el 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y abrir la competencia a los privados interesados. La valuación de la compañía aún no concluyó, aunque los pliegos se encuentran en su fase final de elaboración. La aspiración oficial es recaudar alrededor de US$500 millones, según confirmaron a LA NACION fuentes con conocimiento directo del tema.El esquema implica una modificación respecto de lo previsto inicialmente en el decreto 494/2025. Esa norma instruía al Ministerio de Economía a vender al menos el 51% del paquete accionario y destinar el remanente a una Oferta Pública Inicial (OPV) en la Bolsa, siempre manteniendo el 10% del capital en manos de los empleados —encuadrados en el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, que conduce José Luis Lingieri—, tal como quedó estipulado desde el inicio.Ahora, en cambio, la idea es licitar directamente el 90% a un operador estratégico, preservando el 10% reservado para los trabajadores. De concretarse, el ingreso en la Bolsa quedaría sujeto a una etapa posterior: tras el primer proceso de revisión quinquenal, el nuevo concesionario debería avanzar con una apertura parcial de capital.El proceso es coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que depende de Economía y está a cargo de Diego Chaher.Uno de los pasos previos será la firma de un nuevo contrato de concesión por 20 a 30 años en el que se definirán con precisión las responsabilidades y obligaciones del concedente y del concesionario. La intención oficial es normalizar el marco contractual antes de lanzar la licitación, de modo de ofrecer reglas claras y previsibilidad jurídica.El marco regulatorio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue modificado en julio del año pasado. Entre los cambios incorporados figuran la posibilidad de cortar el servicio por mora, la aplicación de ajustes tarifarios trimestrales en base a la inflación y la incorporación del financiamiento de obras en las facturas.Hay además un trabajo coordinado con el International Finance Corporation (IFC) y con BID Invest para facilitar que el eventual inversor pueda acceder a financiamiento destinado a ampliar y modernizar la red.En diciembre, la empresa anunció el restablecimiento gradual del mecanismo de actualización tarifaria, con un tope de 4% mensual entre enero y abril de 2026, tras un año en el que rigió un límite excepcional del 1% mensual. La medida fue aprobada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).AySA presta servicio a más de 15 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano. Desde su estatización en 2006 hasta 2023, requirió aportes del Tesoro por US$13.400 millones, más de la mitad del gasto total acumulado en ese período. El monto que el Gobierno espera obtener por la venta equivale a menos del 4% de esas transferencias.Desde diciembre de 2023, la tarifa de agua en el AMBA aumentó 375%, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet).En 2024, AySA registró superávit por primera vez en 17 años. Según datos de la empresa, también cerró 2025 con un saldo positivo neto de $237.000 millones y redujo su deuda en un 85%. Las transferencias del Tesoro pasaron de $1,31 billones en 2023 a $37.000 millones en 2025, destinados exclusivamente a gastos de capital, señalaron las fuentes.La morosidad bajó del 16% al 11%, con un objetivo de llegar al 4%. En paralelo, la compañía puso en marcha el Sistema Riachuelo, una de las obras de saneamiento postergadas más importantes de las últimas décadas, que beneficia a 4,5 millones de personas.Actualmente la empresa cuenta con 6069 empleados, frente a los 7790 que tenía en diciembre de 2023, lo que implica una reducción del 22,1% en la dotación.En términos operativos, AySA enfrenta problemas estructurales: el 28% de la red de agua y el 50% de los afluentes se encuentran obsoletos y más del 40% del agua producida no se registra o se pierde.Para el Gobierno, la venta permitiría transferir al sector privado la responsabilidad de financiar y ejecutar las inversiones necesarias para modernizar el servicio, al tiempo que aliviaría la carga fiscal. El resultado de la licitación funcionará como termómetro del interés privado por activos regulados bajo el nuevo esquema tarifario y con menor dependencia de subsidios.