Prohibición de acercamiento a Íbalo por un plazo de 180 días.
Estas medidas buscan resguardar la integridad física y psicológica del comunicador, así como evitar la reiteración de conductas violentas. La resolución fue valorada positivamente por colegas y organizaciones que trabajan en defensa de la libertad de expresión y de la seguridad de quienes ejercen la labor periodística.
Desde el entorno de Íbalo se destacó la celeridad y firmeza de la decisión de la jueza Córdoba, remarcando que este tipo de respuestas institucionales resultan esenciales para desalentar la impunidad y fortalecer el respeto hacia el ejercicio profesional.
Este caso se inscribe en una problemática creciente vinculada a la seguridad de los comunicadores en el país y reabre el debate sobre la necesidad de implementar protocolos específicos de protección para quienes cumplen funciones informativas en contextos de conflicto o tensión social.